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Entrevista a Antonio Ceverino

Proyecto Psicología Solidaria.

  1. ¿Por qué la asistencia psiquiátrica que proporciona la Seguridad Social española no incluye terapia y se basa en la medicación? ¿Existe un rechazo al psicoanálisis dentro de la psiquiatría española?

La red pública de atención a los enfermos mentales se empieza a organizar en nuestro país en coincidencia con una serie de acontecimientos históricos y de transformaciones: el pensamiento antipsiquiátrico, el  descubrimiento de los primeros psicofármacos, el rechazo de la institución manicomial y la desinstitucionalización de los enfermos mentales graves, movimiento que en nuestro país confluyó con las exigencias democratizadoras de la sociedad al final de la dictadura franquista. En ese momento (estamos en la década de los 70) se construye el andamiaje teórico de lo que se llama “salud mental comunitaria”, se constituyen  en los “centros de salud mental” equipos multidisciplinares (con médicos psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, amén de enfermeras, terapeutas y otros técnicos), se ponen en marcha otros recursos y dispositivos de rehabilitación psicosocial (CRPSs=centros de rehabilitación psicosocial, CRLs=centros de rehabilitación laboral, Equipos de apoyo sociocomunitario, Unidades de media estancia, Hospitales de día, etc) como alternativas al internamiento psiquiátrico convencional, etc. No obstante sus buenas intenciones iniciales, la revolución conservadora de los años 80 y la extensión de los planteamientos economicistas frenó el desarrollo del incipiente estado del bienestar español y también de la red de salud mental que estaba apenas constituyéndose. Este hecho confluye con el triunfo del paradigma biologicista en la salud mental, que prioriza el tratamiento psicofarmacológico sobre la atención psicoterapéutica y el psicoanálisis. Aunque este hecho es universal, en nuestro país alcanza unas proporciones desmesuradas: el psicoanálisis es expulsado de los programas docentes de las universidades españolas (con escasas excepciones), y es marginado en los dispositivos clínicos. Por ejemplo, en los equipos terapéuticos de los centros de salud mental predominan los psiquiatras en detrimento de psicólogos y trabajadores sociales.

Por otra parte, aunque la red de salud mental fue pensada inicialmente solo para ocuparse de la atención de los pacientes graves procedentes de los manicomios recién clausurados, en la práctica en los últimos años ha tenido que hacer frente a una demanda de atención inmensa procedente de la sociedad, una demanda de alivio del malestar subjetivo (ansiedad, depresiones, toxicomanías, alcoholismo, problemas de alimentación y conducta suicida) que genera la vida en las sociedades contemporáneas. Los (recortados) equipos de los centros, asfixiados por la presión asistencial y sin tiempo para dedicar a la escucha de los pacientes, en muchos casos se han limitado a medicalizar y tratar con fármacos los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Existe una amplia literatura científica que demuestra (por ejemplo en Atención Primaria) que cuanto menos tiempo tienen los médicos de cabecera para escuchar a sus pacientes mayor es la prescripción de fármacos. Nuestro sistema sanitario es mucho más efectivo que el de los países de nuestro entorno, consume un porcentaje del PIB mucho menor y con resultados mucho mejores… solo hay un capítulo en el que gastamos más que el resto de los países europeos: la factura farmacéutica. En España se prescribe mucho, porque hay poco personal y poco tiempo para escuchar.

  1. ¿El proyecto “Psicología Solidaria”, en ese sentido, estaría supliendo una asistencia que debería corresponder a la Seguridad Social para garantizar de una manera efectiva la salud mental de sus pacientes?

Esta fue una de nuestras preocupaciones desde el principio: la responsabilidad de la atención sanitaria es de la administración sanitaria, y punto (para eso contribuimos con nuestros impuestos los ciudadanos, y no para otros gastos y dispendios). Punto dos: las organizaciones sociales no deben hacerse cargo de las prestaciones que corresponden a nuestras instituciones, fundamentalmente porque así estamos alimentando futuros recortes. La actual ministra de Sanidad, Ana Mato, cuando -tras la promulgación del decreto 16/2012 (que excluyó de la atención sanitaria a inmigrantes y otros colectivos desfavorecidos)- fue interrogada sobre la atención que iban a recibir estas personas respondió con desfachatez que podían encargarse las ONGs.

Por este motivo, desde el principio nuestro proyecto marcó muy claramente algunas líneas de actuación:

– no vamos a atender casos que deberían ser atendidos en los centros de salud mental;

– si el acceso a los mismos está dificultado, intentaremos remover los obstáculos y acompañar y asesorar a los pacientes para que puedan ejercer su derecho a la asistencia sanitaria (de la misma forma que hacen otros colectivos -y en coordinación con ellos- como YoSíSanidadUniversal), y de invitarlos a denunciar estas deficiencias y a reclamar;

– nuestro proyecto no es ni siquiera un proyecto “asistencial”, o “sanitario”. Es decir, nosotros no atendemos a pacientes… Nuestra prioridad es acoger las situaciones de angustia y desesperanza provocadas por la crisis y las políticas económicas que condenan a los ciudadanos a la pobreza y rescatan a los bancos. Y pensamos que esas situaciones de angustia no son una “enfermedad”, a la que haya que suministrar un “tratamiento”;

– nuestro proyecto tiene en su mismo corazón una dimensión irrenunciable de denuncia social, de reivindicación, una dimensión política: no se trata de recoger (como un coche escoba) los desahuciados del sistema, sino de acoger a ciudadanos que han sido excluidos por unas políticas injustas y se encuentran abatidos por la indignidad para trabajar todos juntos en un proceso de empoderamiento, concienciación, formación y movilización. No proporcionamos “tratamientos gratuitos”, nuestro planteamiento no es el asistencialismo caritativo… sino invitamos a las personas a incorporarse a un proyecto, donde el tiempo recibido en atención individual o grupal es devuelto en la implicación (mediante la bolsa de tiempo) en actividades sociales abiertas a Tabacalera y al barrio.

  1. En un contexto de crisis socio-económica como el actual ¿Cuál debería ser el tratamiento adecuado para evitar un mayor deterioro mental de la población?

En una frase: debemos trabajar todos juntos para forzar a nuestros gobernantes a hacer políticas al servicio de las personas, y no de los intereses del capital.

  1. ¿Cuál es tu opinión de la llamada “asamblea de pacientes”? ¿la organización asamblearia horizontal es recomendable cuándo los participantes presentan trastornos psicológicos?

De la expresión “asamblea de pacientes” no me molesta el vocablo “asamblea”, sino (tal y como hemos dicho antes) el término “pacientes”. No tenemos “pacientes” (aunque a veces, se nos deslice la expresión). No tenemos pacientes porque no somos un proyecto sanitario. Tenemos participantes. Y si tenemos pacientes… eso significa que todos somos pacientes, porque todos y todas estamos afectados por el malestar.

También desconfío un poco del término “trastornos psicológicos”. Nuestro proyecto (como dijimos antes) no atiende a personas con trastornos mentales (que deben ser acogidos en los centros de salud mental). Más que de “trastornos” (que es un término que parece que patologiza y medicaliza la experiencia humana y universal del sufrimiento, es decir, que lo convierte en una enfermedad) preferimos hablar de personas agobiadas, angustiadas, desesperadas por las circunstancias en que se encuentran.

Dicho lo anterior… ¿cuál es el problema para que personas con dificultades se reúnan para decidir juntas y conjuntamente con todos los miembros del proyecto cuáles son las líneas de actuación y de futuro?

 

Si quiere ver la fuente original el articulo de Entrevista a Antonio Ceverino.

2018-06-04T20:04:53+00:00