Una controversia ética relevante en la práctica clínica se refiere a la hospitalización involuntaria. Nuestra primera reacción, impulsada por las emociones morales y la apreciación general de la historia de la medicina, es el rechazo de esta medida. Sin embargo, un breve análisis nos permite observar que existen situaciones muy diversas que pueden modificar nuestros juicios en torno al problema: hay circunstancias particulares que requieren una evaluación específica. Planteo este tema a propósito del Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en Materia de Salud Mental y Adicciones, tal y como fue publicado por la Gaceta Parlamentaria el 31 de marzo del 2022. El Proyecto acierta al privilegiar la figura del consentimiento informado, “que constituye el núcleo del derecho a la salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para el disfrute del mayor estándar de salud”. Establece, correctamente, que todos los prestadores de salud están obligados a asegurar un consentimiento libre e informado, hoy indispensable, ya que en el pasado los médicos han incurrido (en demasiadas ocasiones) en actitudes paternalistas o autoritarias. “Una vez garantizada la comprensión de la información a través de los medios y apoyos necesarios, la población usuaria de los servicios de salud tiene el derecho de aceptarlos o rechazarlos”.

Por desgracia, la práctica médica implica situaciones en las cuales no se puede obtener en forma válida un consentimiento informado. Sin embargo, los familiares solicitan la atención en forma urgente. A veces una persona no es capaz de aceptar o rechazar un tratamiento, debido a una alteración significativa en el funcionamiento cognitivo o en el nivel de conciencia. Por ejemplo, si padece diabetes y desarrolla un estado de coma como consecuencia de una disfunción metabólica, es imposible que otorgue el consentimiento para un tratamiento médico que podría salvar su vida. El estado de coma implica una incapacidad para cualquier forma de interacción psicológica. De la misma manera, si una persona tiene una hemorragia cerebral que produce una alteración cognitiva grave, no sería capaz de comprender las explicaciones relacionadas con el procedimiento de neurocirugía que podría salvar su vida y mejorar su estado cognitivo. El problema se complica cuando el paciente está despierto y rechaza activamente la hospitalización, aunque los familiares la solicitan. Esto puede suceder en los campos de la psiquiatría y la neurología.

UNA SOLUCIÓN QUE PLANTEA EL PROYECTO

Para este tipo de problemas consiste en generar el documento conocido como voluntad anticipada, en el cual cada uno de nosotros puede expresar si desea que lo atiendan o no en tales circunstancias. Mediante este recurso, las personas con algunos padecimientos psiquiátricos recurrentes (como el trastorno bipolar) pueden elegir con anticipación (cuando se encuentran en un mejor estado de salud mental) si desean hospitalizarse o recibir formas específicas de tratamiento durante los episodios más severos de la enfermedad, que pueden reducir las capacidades de juicio transitoriamente. Sin embargo, lo más predecible, al menos en el mediano plazo, es que la mayor parte de las personas con una urgencia no hayan realizado el trámite de su voluntad anticipada, por lo cual hay que alentarlo socialmente: hay que volverlo parte de nuestra cultura.

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Articulo extraído de la pagina web https://www.razon.com.mx/el-cultural/dificultades-eticas-practica-clinica-477942. Bajo el titulo. Dificultades éticas de la práctica clínica. Articulo publicado por JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ. @JRBneuropsiq  parawww.razon.com.mx. con fecha 08-04-2022.